En Caracas se ha anunciado un proyecto de ley de amnistía general para los presos políticos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la iniciativa dirigida a liberar a cientos de detenidos por razones políticas y sobreseer las causas judiciales. La propuesta será enviada a la Asamblea Nacional, donde el chavismo prevé debatirla y aprobarla en el transcurso de la próxima semana.
El anuncio se realizó en el Tribunal Supremo de Justicia en un acto vetado a la prensa. Rodríguez afirmó que la medida busca favorecer la convivencia y evitar la violencia o la venganza, subrayando que la decisión fue consensuada con Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y desplazado del poder, lo que alteró por completo el tablero político del país. El borrador establece que el Ministerio Público archive las causas en 180 días, con mecanismos de verificación y reparación a las víctimas, excluyendo a condenados por homicidio y narcotráfico.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos recibieron la noticia con cautela, exigiendo una libertad total y verificable. Estiman que entre 600 y 700 presos políticos continúan encarcelados, mientras que el oficialismo afirma que más de 600 han sido liberados. A pesar de las excarcelaciones, muchos liberados permanecen con medidas cautelares que les prohíben salir del país o declarar públicamente. En un giro inesperado, Rodríguez anunció que la cárcel de El Helicoide será reconvertida en un centro social y deportivo.
"Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada", señaló Rodríguez, invocando su historia personal y su fe en la Constitución. La ley pretende cerrar 12 años de represión desde el 1 de febrero de 2014 e incluir a activistas, periodistas y militares. Paralelamente, dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela increparon a Rodríguez por la continuidad de las detenciones, una escena impensable en el escenario previo.
