En un mundo así, ningún estado puede disfrutar de una seguridad genuina, ya que la erosión de la ley en un lugar amenaza finalmente la estabilidad en todas partes. Raphael Cohen-Almagor, quien escribió esta historia, es Profesor de Ciencias Políticas. Damos la bienvenida a cualquiera con una buena historia para que nos la envíe para su publicación. La publicación 'El secuestro de Maduro de Venezuela y los peligros de la política de poder' apareció primero en Newsroom Panama. Cuando el imperio de la ley se viola tan descaradamente, los valores democráticos se vacían y la brutalidad se disfraza de justicia. La respuesta apropiada a regímenes como el de Maduro no es el secuestro o la fuerza extrajudicial, sino una diplomacia sostenida, presión multilateral coordinada, sanciones firmemente arraigadas en el derecho internacional y un apoyo decidido a los movimientos democráticos dentro de la sociedad. Erosionan las normas internacionales, inflaman las tensiones y hacen que un mundo ya inestable sea significativamente más peligroso. Todos los líderes estatales, por poderosos que sean, deben ejercer la máxima contención al contemplar el uso de la fuerza contra líderes extranjeros. Además, a diferencia de Panamá, Venezuela es un país grande, estratégicamente significativo con estrechos lazos con Rusia, China e Irán. Cualquier intento de 'decapitación' de régimen en este contexto conlleva riesos mucho mayores de desestabilización regional y escalada global. En Panamá, Estados Unidos podía al menos señalar obligaciones específicas del tratado y una crisis de seguridad aguda que involucraba un daño directo al personal estadounidense. En Venezuela, no existe una justificación legal comparable basada en tratados, ni tampoco hay un conflicto armado que involucre a fuerzas estadounidenses que pudiera plausiblemente fundamentar una reclamación de legítima defensa. Normalizar el uso del secuestro o la fuerza extrajudicial para resolver disputas internacionales en el llamado 'patio trasero' de América socavaría gravemente la autoridad moral de Estados Unidos para criticar acciones similares de otras potencias. Rusia podría invocar una lógica análoga en Ucrania o Georgia; China podría hacer lo mismo en Taiwán o en el Mar de China Meridional. El pequeño tamaño de Panamá, su capacidad militar limitada y su estatus internacional marginal, combinados con el valor estratégico único del Canal de Panamá, hicieron la estabilización post-Noriega factible desde la perspectiva de Washington. Más tarde extraditado a Francia y luego a Panamá, enfrentó sentencias adicionales hasta su muerte en 2017 a la edad de 83 años. En ambos casos, Noriega y Maduro, Washington avanzó una línea de justificación similar: el líder en cuestión carecía de legitimidad democrática y por lo tanto podía ser tratado como un criminal en lugar de un actor político. Washington justificó la invasión por varias razones: la protección de ciudadanos estadounidenses en Panamá, el asesinato de un militar estadounidense por fuerzas panameñas y la necesidad de combatir el tráfico de narcóticos. En el background se alzaba una preocupación estratégica de inmensa importancia: la seguridad del Canal de Panamá y los Tratados Torrijos-Carter de 1979. Esta estrategia de criminalizar a líderes rivales para justificar medidas extraordinarias borra la línea entre el cumplimiento de la ley y la guerra. Si la comunidad internacional no levanta ahora una voz clara y convincente, corre el riesgo de inaugurar una era en la que la fuerza bruta prevalece sobre el principio y la coerción se convierte en el lenguaje normalizado de la política global. El objetivo declarado era el General Manuel Noriega, el gobernante de facto de Panamá, que había sido acusado en tribunales federales de EE. UU. por tráfico de drogas y lavado de dinero. Su régimen autoritario, la represión sistemática de opositores políticos y la gestión catastrófica de la economía de Venezuela han infligido un sufrimiento inmenso al pueblo venezolano. Ambos casos plantean serias cuestiones en el derecho internacional, pero el secuestro de Maduro es mucho más preocupante. En momentos así, la comunidad internacional debe reafirmar límites claros y reafirmar un principio fundamental del orden internacional: la fuerza no hace el derecho. Constituye una clara violación de la soberanía estatal y de la prohibición del uso de la fuerza consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Los regímenes autoritarios no pueden ser derrotados abandonando los principios que distinguen la democracia de la tiranía. El resultado no sería un orden internacional basado en reglas, sino un mundo gobernado por esferas de influencia y coerción. Venezuela presenta un caso completamente diferente. Sin embargo, el secuestro forzoso de un jefe de estado en funciones, por reprehensible que sea ese líder, es un acto extremo y peligroso. Tras el colapso de su régimen, Noriega buscó refugio en la embajada del Vaticano en la ciudad de Panamá. El presidente Donald Trump se ha comportado repetidamente como si el poder mismo conferiera inmunidad, como si la fuerza autorizara la acción sin restricción o consecuencia. Estados Unidos ha establecido un precedente de este tipo antes. En diciembre de 1989, bajo la Operación Just Cause, Estados Unidos lanzó una invasión militar a gran escala de Panamá, desplegando aproximadamente 24,000 tropas además de las 12,000 ya estacionadas allí. Tales acciones no resuelven conflictos ni avanzan la justicia. Estos hechos están bien documentados y son moralmente inexcusables. Noriega, una vez un activo útil aunque poco recomendable, se había convertido en un pasivo. No soy partidario del presidente Nicolás Maduro. Fue trasladado a Miami, juzgado en un tribunal federal, condenado por cargos de narcóticos y encarcelado durante casi dos décadas. Las fuerzas estadounidenses rodearon el complejo y el 3 de enero de 1990, se rindió.
