El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó el jueves una reforma a la ley de hidrocarburos que cambia el tablero de la industria petrolera, hasta ahora estatizada, para permitir una mayor participación de inversionistas privados y extranjeros cuando el país negocia con Estados Unidos para la venta de su crudo. La modificación recibió el visto bueno del legislativo el mismo día en que el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una licencia general que permite ciertas transacciones con el petróleo venezolano, lo que también supuso un giro en la política del republicano Donald Trump, que aprobó, en 2019, durante su primer Gobierno, sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tras la captura de Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres regiones vecinas, ambos países comenzaron negociaciones por el crudo venezolano, que ahora cuenta con un nuevo marco legal. A continuación algunas claves para entender la nueva reforma de la ley: Fin de la estatización La ley derogó la norma que regulaba la participación privada y que otorgaba de manera exclusiva a PDVSA el control de las actividades de exploración, extracción, transporte, comercialización, exportación y almacenamiento; en cambio, se añadió una modificación -artículos 23 y 68- que permite a empresas mixtas y privadas que se domicilien en el país para cumplir estas labores. Hasta ahora, el Estado es el que tiene la mayoría accionaria en los convenios que PDVSA mantiene en empresas mixtas (asociaciones estratégicas) con socios privados. En otro de los artículos, el 40, se establece que el Estado podrá suscribir contratos con firmas privadas para que ejecuten actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento). En esos acuerdos, la compañía privada asumirá dichas actividades «a su exclusivo costo, cuenta y riesgo, previa demostración de su capacidad financiera y técnica». Participación privada También quedó sin efecto la norma que reservaba al Estado los bienes y servicios de las actividades relacionadas con los hidrocarburos. Se incluyó, en este caso, un nuevo artículo -42-, el cual permite que empresas operadoras usen los «activos y materiales» de PDVSA. De igual forma, se cede a estas compañías el «uso del área operacional» y de un «área delimitada, previa autorización» del Ministerio de Hidrocarburos. Además, pidió un resarcimiento para las personas y empresas del sector a las que le confiscaron sus bienes. Regalías Las regalías, hasta ahora fijadas en un 30 %, fluctuarán con la reforma de ley. Con un tope de «hasta 30 %», será el Ejecutivo, «previa opinión del ministerio con competencia en materia de finanzas», el que determinará «el o los porcentajes de regalía aplicables a cada proyecto», tomando en cuenta su naturaleza, la inversión, economicidad y la «necesidad de asegurar la competitividad internacional». El Ejecutivo, a través del ministerio con competencia en materia de hidrocarburos, «queda facultado para modificar el porcentaje de la regalía dentro del límite previsto» cuando «se demuestra que resulta necesario para garantizar el equilibrio económico del proyecto», añade el artículo 51. Arbitraje Los conflictos podrán resolverse ahora en «tribunales competentes de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversia, incluyendo mediación y arbitraje», establece el artículo 8 de la ley. Para Ramírez, esto cede la «soberanía jurisdiccional, en violación del artículo 151 de la Constitución». El exfuncionario, quien estuvo al frente de la cartera de Petróleo desde 2002 y de PDVSA desde 2004 hasta 2013, advirtió que, «además de la privatización de las actividades petroleras, tanto las primarias de producción, como las de exportación de petróleo», con la reforma «se entregan los activos y derechos de PDVSA a los operadores privados». Con ello, a su juicio, se decreta el fin de la «empresa nacional, para convertirla en una mera agencia administradora de contratos».
