La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes su decisión de «impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia de 1999 al presente». En 1999 se inauguró la etapa conocida como el chavismo, con la llegada al poder de Hugo Chávez, quien gobernó hasta 2013 -año de su muerte-, y fue sucedido por Maduro. Al intervenir en el acto del inicio del año judicial, Rodríguez pidió a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación. «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió la mandataria encargada. Varios ONG de Venezuela han aclarado que la propuesta de una amnistía no es un «perdón».
«El Helicoide» -una estructura en Caracas de la década de 1950 utilizada hoy como lugar de detención de presos políticos- pasará a ser «un centro social, deportivo, cultural y comercial», dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que reveló la propuesta después de las excarcelaciones anunciadas hace un par de semanas. Concebida originalmente como centro comercial, esta instalación volvió al foco de la atención luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara, hace un par de semanas, sobre el cierre de un sitio de «torturas» en la capital venezolana. En este inconcluso edificio -descrito como un «proyecto de vanguardia» por su diseño futurista en forma de hélice- funcionan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros, según la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos. El Helicoide es un lugar donde organismos de la ONU han denunciado la existencia de «salas de tortura» y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez. La palabra «Helicoide» ha aumentado en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. En el primer reporte de la misión, en 2020, esta palabra figura solo dos veces, frente a unas 60 en el de 2024. En 2023, la misión documentó que las autoridades del Estado venezolano han recurrido a «la tortura y malos tratos» como métodos para «generar y perpetuar» un «clima de temor» en la sociedad civil venezolana. Según este informe, algunas personas entrevistadas subrayaron que el «impacto simbólico de los casos de tortura y malos tratos servía para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir a la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide». En octubre de 2018, el opositor Fernando Albán murió en El Helicoide, donde permanecía detenido por estar supuestamente involucrado en un atentado con drones contra Maduro. Su familia «no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cuerpo, pese a las numerosas solicitudes», indicó la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Las autoridades informaron entonces que se trató de un suicidio, aunque las pruebas forenses «suscitan dudas sobre esa conclusión», subrayó la misión. Distintos políticos y ONG denunciaron que en realidad fue un asesinato. La misión también investigó la muerte del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió presuntamente por covid el 12 de octubre de 2021 en El Helicoide. Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha advertido que «estas personas fueron arbitrariamente encarceladas». La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002. El 8 de enero pasado, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante de personas», entre ellas venezolanos y extranjeros, -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país. Según el conteo de esa ONG, en el país hay 711 presos políticos.
